• Pedro Antonio de Alarcón, 34 1º Of. 1 18002 Granada
  • Tels.: 958 250374 | 958 250366
El 18 octubre, 2017

Bufete Mir Abogados obtiene para su cliente salir indemne en una pieza de calificación de un concurso de acreedores

Bufete Mir Abogados obtiene para su cliente salir indemne en una pieza de calificación de un concurso de acreedores en la que defendiéndolo, junto a su administrador, se dicta Sentencia desestimando la pretensión del Administrador Concursal y del Ministerio Fiscal.

Debido a su alta cualificación como procesalistas y como concursales, en el asesoramiento de una concursada y de su administrador, integrantes de este despacho han obtenido la satisfacción de conseguir que el Juzgado de lo Mercantil de Granada haya dictado Sentencia, ya firme, que desestima la demanda deducida por la Administración Concursal (AC, en lo sucesivo) a cuya petición se unió el Ministerio Fiscal (MF, en lo sucesivo) en la pieza sexta de calificación de un concurso de acreedores.

La concursada, empresa bajo la forma de sociedad limitada, tiene como objeto social la fabricación de todo tipo de productos derivados del cemento y materiales de construcción y comercialización de dicho tipo de productos, tanto para obra pública como para privada, preparó la documentación exigida por la Ley Concursal (Artículo 6) para instar su concurso, labor en la que este despacho contó con la inestimable colaboración del titular Mercantil y Auditor Don Miguel Romero Sánchez y su equipo.

La causa de la insolvencia del concurso de acreedores fue, desde nuestro punto de vista, la crisis sobrevenida, impagos y retrasos de los mismos de clientes, disminución de la oferta pública de obra y competencia desleal de las empresas que sobrevivieron al vender incluso por debajo de coste, lo que agravo la imposibilidad de continuar su actividad la concursada. En la memoria unida a la solicitud del concurso se señaló: una situación insostenible, tanto por factores externos que escapan al control de la entidad, así como por circunstancias internas que se han manifestado sobre todo en el descenso de la actividad, con la consiguiente merma en los ingresos, el mantenimiento de los gastos corrientes y las dificultades en la financiación para afrontar satisfactoriamente este desequilibrio producido.

La Administración concursal calificó en su Informe el concurso como culpable y de igual forma lo hizo el Ministerio Fiscal identificando y coincidiendo, ambos, en las personas a las que afectaba la calificación y determinando de manera pormenorizada los daños y perjuicios causados por aquéllas. Las peticiones se concretaron en: calificación del concurso como culpable, declaración de que el administrador de la concursada es la persona afectada a la que se le pidió la inhabilitación durante seis años para administrar los bienes ajenos, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período; la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o de la masa, la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa; y las costas. Para llegar a tales peticiones la AC ponderó para la culpabilidad del concurso, estas circunstancias: 1. Irregularidades contables relevantes; 2. Inexactitud grave o falsedad en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del mismo; y 3. Falta de colaboración con la administración concursal.

Bufete Mir Abogados, a través de sus socios, Fernando Mir Gómez e Ignacio Alba Muñoz, asumiendo la defensa de la concursada y del Administrador de la concursada, respectivamente, preparó la táctica de defensa, aprovechando las virtualidades de la norma concursal, en sus aspectos procesales, sobre la base de lo que entendía era una pretensión incorrecta la deducida de contrario.

Al menos, procesalmente, había una baza en la que la A.C. y el M.F. no habían profundizado, era de un lado, la falta de medios de prueba unidos a su calificación (demanda), pues solo se entendía por aportado el Informe Provisional y los Textos Definitivos; de otro, la inexistencia de señalamiento de los archivos donde se encontraban las pruebas documentales; y finalmente, la inexistencia de petición de vista con peritos, testigos o interrogatorio de partes.

Las presunciones contenidas en la Ley Concursal de culpabilidad deben partir de ser demostrada la premisa en origen y, de no ser así, la presunción de inocencia, en ausencia de prueba, prevalece sobre la acusación.

El escrito de contestación, bien fundado y siendo objeto de preparación en base en la doctrina e instrucción previa de los socios del despacho, optó por negar la mayor, no proponer prueba y pedir se dictara Sentencia seguidamente a contestar la demanda, lo que así aconteció.

La Sentencia dictada por el Juzgado Mercantil profundiza y desmenuza los argumentos de ambas partes y es merecedora de una lectura sistemática y pausada, pues no contiene nada superfluo y llega a dictar su fallo tras un análisis de lo argumentado por las partes en relación al articulado de la Ley Concursal en “vivo”. Un botón de muestra:

Conforme establece el art. 217 LEC, aplicable en sede concursal en virtud de la DF 5ª LC, correspondería a la AC y al Ministerio Fiscal la carga acreditar los hechos en que basa su pretensión. Con la documental aportada no es posible determinar cuáles son las irregularidades contables apreciadas ni los elementos del activo que no debían haber sido incluidos en el inventario que se acompañó a la solicitud de concurso. Por tanto, no procede apreciar la concurrencia de las presunciones iuris et de iure de culpabilidad de los números 1º y 2º del art. 164.2 LC. …
En el escrito de calificación, la AC pone de manifiesto que el administrador social fue requerido para que aportara la información necesaria para conocer los datos y circunstancias relativas a la situación patrimonial y financiera de la empresa.
Tal y como se alega en el escrito de oposición no hay constancia documental o a través de otro medio probatorio de los requerimientos realizados por la AC, más allá de la relación de requerimientos de documentación que se contiene en la página 139 del informe provisional y la mención formulada en la página 12 de los textos definitivos. No consta acreditado por ningún documento fehaciente que el Sr. Hurtado González hubiera sido requerido para aportar una documentación determinada y no hubiera atendido el requerimiento. Con la prueba practicada únicamente se puede concluir que la AC no cuenta con una justificación detallada de las operaciones realizadas con Adosur SL, pero de este hecho no se puede inferir si ello es porque no se encuentre la documentación o porque el administrador social de la concursada se haya negado a colaborar con la AC

Llegar a obtener el resultado mas favorecedor para el cliente ha sido posible gracias a la política de formación y capacitación profesional constante de este Despacho de Abogados que se viene aplicando desde su implantación hace ya mas de 50 años, sin olvidar la experiencia.
Cabe concluir con la frase del escritor español, José María de Pereda: “La experiencia no consiste en lo que se ha vivido, sino en lo que se ha reflexionado” y la reflexión del ejercicio de la profesión durante más de cincuenta años da sus frutos y con costas.

FavoriteLoadingAñadir a favoritos
Share this...
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook